La Contraloría advierte riesgos legales mientras docentes afectados buscan justicia ante supuestos nombramientos contrarios a normas administrativas y constitucionales.
La Universidad Nacional del Altiplano está en el ojo de la tormenta por presuntas irregularidades en el nombramiento de docentes. El abogado Rolando Jiménez ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial para detener un proceso que, según él, viola la ley. La situación se complica por la falta de respuesta del Poder Judicial y la insistencia de la universidad en seguir adelante con los nombramientos.
El abogado Jiménez explica que la universidad ha establecido un requisito adicional para el nombramiento de docentes contratados que no está contemplado en la ley 32171. Este nuevo requerimiento exige que los docentes tengan vínculo laboral hasta noviembre de 2024, dejando fuera a aquellos que tenían vínculo laboral hasta 2023, como estipula la norma original. Esta acción, según Jiménez, es discriminatoria y vulnera el derecho a la igualdad ante la ley.
Jiménez señala que la Contraloría General de la República ya advirtió sobre estas irregularidades a través de un informe que indica que la universidad debe iniciar acciones de prevención y corrección. Sin embargo, la universidad ha ignorado estas recomendaciones y el rector ha expresado su intención de continuar con los nombramientos. Esta actitud, según el abogado, demuestra una ignorancia en temas jurídicos y una falta de respeto por la ley.
La demora del Poder Judicial en pronunciarse sobre la acción de amparo preocupa al abogado. Jiménez indica que, aunque el Código Procesal Constitucional establece que las acciones de amparo tienen una tramitación preferente, no ha habido respuesta. Esta situación genera sospechas de que el Poder Judicial podría estar esperando a que se produzcan los nombramientos para luego declarar la sustracción de la materia, lavándose las manos ante el problema.
El abogado también alerta sobre posibles delitos si la universidad concreta los nombramientos de manera ilegal. Según Jiménez, se configurarían los delitos de abuso de autoridad, usurpación de autoridad y discriminación. Por ello, hace un llamado al Ministerio Público para que intervenga de oficio, ya que existe noticia criminal. Además, menciona que el rector y todos los miembros del Consejo Universitario, incluyendo el asesor legal, serían responsables de estos actos ilícitos.
Jiménez explica que, de concretarse los nombramientos irregulares, estos serían nulos de puro derecho, según la Ley 2744, de procedimiento administrativo general. Además, advierte que las personas que resulten afectadas podrían solicitar la nulidad de dichos nombramientos. Esto implicaría una responsabilidad no solo administrativa sino también penal para los implicados. La pena por abuso de autoridad es de 4 años e inhabilitación para ejercer cargo público.
El abogado sugiere que el objetivo real detrás de estas acciones podría ser un interés político. Al nombrar a personas afines, el rector buscaría asegurar votos para futuras elecciones de decanos y del propio rector, y así mantener el control de la universidad. Además, menciona que el rector estaría en campaña para ser gobernador regional. También indica que hoy habría una asamblea universitaria en la que un grupo de docentes estaría pidiendo la vacancia del rector.
Jiménez señala que otras universidades del país están cumpliendo con la ley 32171 sin imponer requisitos adicionales. La actitud de la Universidad Nacional del Altiplano genera una mala imagen ante la opinión pública. El abogado resalta que la propia Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú reconoce la necesidad de acompañamiento técnico del Ministerio de Educación y de presupuesto del Ministerio de Economía, pero sin adicionar requisitos. Esta situación, según él, confirma que su demanda tiene fundamento.
