Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad ante posible orden de prisión preventiva

Juez Richard Concepción Carhuancho considera que la fiscalía tiene motivos fundados para investigarlo por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la designación de prefectos, subprefectos y la presidencia del IPD con fines proselitistas en el caso Los Waykis en la Sombra.

Nicanor Boluarte Zegarra, el hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte, habría decidido pasar a la clandestinidad, ante la eventualidad de que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dicte una orden de prisión preventiva en su contra en el marco de las investigaciones por el caso Los Waykis en la Sombra.

Boluarte Zegarra no se conectó a la audiencia virtual de este lunes, 18 de noviembre. Ni en la mañana, ni por la tarde. Si lo había hecho en las audiencias del viernes, sábado e incluso el domingo. El 17 de noviembre, Concepción comenzó a leer la extensa resolución que resuelve el pedido del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) para que se le imponga 36 meses de prisión preventiva.

Cuando el juez le preguntó a su abogado Luis Vivanco que estaba pasando, el defensor legal respondió que no se había podido comunicar por teléfono con su cliente. La misma respuesta ofreció en la audiencia de la tarde. Los demás investigados Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera, Jorge y Noriel Chingay Salazar y el abogado Mateo Castañeda si participaron de la audiencia.

Durante el desarrollo de una de las audiencias virtuales del fin de semana, se habría escuchado a Nicanor Boluarte coordinar con una tercera persona, que necesitaba o que estaba utilizando un vehículo distinto al habitual. Su auto permanece estacionado cerca de su casa, en San Borja.

El domingo habría sido visto conectarse a la audiencia judicial virtual desde un automóvil, lo que hace suponer a las autoridades que estuvo preparándose para desaparecer en caso de una decisión judicial contraria a sus intereses. La decisión puede ser apelada, pero la decisión se cumple de inmediato.

Sí Nicanor Boluarte continúa en paradero desconocido y el juez dicta prisión preventiva, ordenará a la policía su inmediata búsqueda, ubicación y captura para que ingrese a prisión mientras se realizan las indagaciones. El hermano de la presidenta estuvo detenido preliminarmente entre el 10 al 24 de mayo último.

Una extensa lectura
El juez Concepción Carhuancho inició la lectura de su decisión el domingo, 17 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana. Todos esperaban que comunicará su decisión ese mismo día, pero eso no sucedió. El magistrado está siendo detallista al extremo al evaluar y resolver cada uno de los elementos incriminatorios presentados por la fiscalía y los argumentos de la defensa.

El domingo, el juez se dedicó a argumentar por qué consideró no aplicar la leyes 32108 y 32138 que modifican la normatividad legal sobre el delito de crimen organizado, en el caso de la investigación a la organización denominada “Los Waykis en la Sombra” que lideraría Boluarte.

“Esta norma fue creada con nombre propio, y no con el ánimo de legislar en términos generales, sino para favorecer a cierto grupo de personas. Esta ley fue creada con el propósito de beneficiar a los funcionarios públicos, excluyéndolos del delito de organización criminal” (…) A pesar de que ha sido derogada (la ley 32108), ha dejado consecuencias nefastas”, explicó el magistrado.

Luego de resolver este tema, el magistrado empezó a evaluar al detalle los diversos elementos o indicios de los cinco hechos presuntamente delictivos por los cuales la fiscalía investiga y solicita la prisión preventiva del hermano de la presidenta Dina Boluarte y otras cinco personas.

Hasta el cierre de esta edición, el magistrado se había pronunciado por los cinco hechos que involucran a Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera y Jorge y Noriel Chingay Salazar y el abogado Mateo Castañeda.

Concepción Carhuancho concluyó que la fiscalía cuenta con los suficientes elementos que sustentan la investigación por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la designación de prefectos, subprefectos y la presidenta del IPD con fines políticos, que si bien eran lícitos, se realizaron utilizando medios ilícitos, al instrumentalizar los cargos de prefectos y subprefectos.

Alto grado de sospecha delictiva
«Existe alto grado de probabilidad sobre la participación de los investigados Nicanor Boluarte y Jorge Luis Ortiz Marreros en la designación de prefectos y subprefectos en la región de Lima y otras regiones como Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco», expresó el juez.

Anotó que Nicanor Boluarte compró la fiunción pública de Jorge Ortiz Marreros para que designe a los prefectos de Cajamarca, entre las personas que fueron captadas por Víctor Torres Merino y Jorge Chingay Salazar.

El juez reseñó que uno de los testigos declaró que en una reunión Nicanor Boluarte le dijo a su grupo de confianza que tendrían a los 9000 tenientes gobernadores, 25 prefectos regionales, 200 subprefectos provinciales, 1,700 prefectos distritales para reunir las fichas de afiliación que permitan construir el partido político «Ciudadanos por el Cambio» para apoyar al gobierno de Dina Boluarte y los fines de la organización criminal.

Luego, agregó que «desde el día que Dina Boluarte asume la presidencia, el líder de la presunta organización criminal advirtió el poder que lo respaldaba (…) y propició espacios de reunión para impartir al grupo de confianza de Dina para captar personas de confianza para que sean nombrados como perfectos y superfectos».

A las 10:00 de la noche, el juez Concepción Carhuancho comunicó que continuará resolviendo hasta una hora prudencial. Los abogados defensores le pidieron que suspenda para continuar el martes, 19 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, pues al concluir la lectura deberá apelar y al hacerlo de madrugada se afecta el derecho de defensa.

El magistrado respondió que debe avanzar todo lo posible sin excederse. La lectura continúo con el detalle del último de los hechos de la investigación: la posible obstaculización de la investigación a través de actos anti éticos que habría realizado abogado Mateo Castañeda para desviar el proceso fuera del Eficcop.

Luego, expondrá la pena probable para cada uno de los investigados y los peligros procesales que sustenten o descarten dictar una prisión preventiva. En este sentido, es probable que la lectura de la resolución concluya sobre las 2:00 de la madrugada, del martes 19 de noviembre o que se suspenda para concluir durante en horas de la mañana.