De acuerdo a la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, en su artículo 14°, referido a los impedimentos para postular, establece que están impedidos de ser candidatos: d) Quienes tengan suspendido el ejercicio de la ciudadanía conforme al artículo 33° de la Constitución Política del Perú que en su acápite 2 dice: “Por sentencia con pena privativa de la libertad”.
Esta normatividad, claramente se aplica a la situación que hoy vive, el exdirigente aimara, Walter Aduviri Calisaya a quien se le impuso una sentencia de cárcel efectiva por el periodo de 7 años y una reparación civil de S/ 2 millones de soles. Él quería ser gobernador regional.
La disposición a la que se hace referencia está tambiénconsignada en el artículo N° 10 de la Ley Orgánica de Elecciones que está plenamente vigente, allí se lee: “El ejercicio de la ciudadanía se suspende en los casos siguientes: por sentencia con pena privativa de la libertad”. fuera de carrera.
El jefe de la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Francisco Cuentas Barraza, explicó que la ley es clara y es aplicable en general para todos quienes tengan la condición de sentenciados. “Las interpretaciones pueden ser muchas, pero la normatividad es una sola, finalmente será el Jurado Electoral Especial (JEE), el que emitirá una disposición”, señaló.
Evidentemente el panorama para quien es sindicado como el principal responsable del “Aimarazo”, es desalentador y a estas alturas el movimiento político Mi Región, que precisamente es liderado por Aduviri Calisaya deberá evaluar y propulsar a quien lo reemplace en la intención de llegar a ocupar el cargo de gobernador regional.
El abogado defensor, Martín Ticona Maquera, calificó de injusta la sentencia que se le impuso a su patrocinado, la misma posición adoptaron varios pobladores que el día 29 de diciembre, llegaron hasta los exteriores del Poder Judicial en Puno, para escuchar la disposición de los magistrados. Tras el fallo, inclusive amenazaron con un “Aimarazo II”.
<<< correo <<<<
