Denunciarán penalmente por incumplimiento de la Ley nº 32171 contra rector de la UNA Puno
El abogado Giménez cuestiona la legalidad de lineamientos en UNA Puno que agregan requisitos no previstos en la ley afectando a más de 60 docentes contratados.
El abogado Rolando Giménez, representante de un grupo de docentes contratados de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno, ha denunciado públicamente la negativa del rector Paulino Machaca Ari de cumplir con la Ley nº 32171. Esta norma, publicada el 21 de noviembre de 2024, establece el nombramiento excepcional de docentes contratados en universidades públicas, exigiendo únicamente tres requisitos: una experiencia mínima de cinco años, vínculo laboral hasta el semestre 2023-2, y haber accedido a su plaza mediante concurso público.
Giménez señaló que, en una sesión del Consejo Universitario el pasado 10 de diciembre, se aprobó un lineamiento que adiciona un requisito no contemplado por la ley: la presentación de una resolución rectoral que acredite vínculo laboral al 21 de noviembre de 2024. Según el abogado, esta medida es una clara violación al artículo 2.2 de la Ley nº 32171, que prohíbe establecer requisitos adicionales, calificando esta acción como un “abuso de autoridad”.
“Estamos ante un acto ilegal y abusivo que vulnera derechos fundamentales como el acceso al trabajo y la igualdad ante la ley. Los lineamientos aprobados por el rector y el Consejo Universitario no solo son contrarios a la norma, sino que también generan responsabilidad penal para sus miembros”, afirmó el abogado.
En ese sentido, el profesional anunció que presentará una denuncia penal contra el rector Paulino Machaca, los integrantes del Consejo Universitario que respaldaron esta decisión, y el asesor legal de la universidad, por su complicidad en la aprobación de estos lineamientos. Además, solicitará una acción de amparo y medidas cautelares para dejar sin efecto estas disposiciones y suspender las actividades de la comisión encargada del nombramiento.
Asimismo, se pedirá la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI) y la Contraloría General de la República, ya que estas irregularidades no solo perjudican a los docentes contratados que cumplen con los requisitos, sino que también generan sospechas de favorecimiento hacia ciertos grupos. “La evidencia es clara, se busca beneficiar a docentes contratados en agosto de 2024, en perjuicio de aquellos con vínculo laboral vigente en 2023”, aseguró Jiménez, citando actas del Consejo Universitario.
La medida afecta a más de 60 docentes de la UNA Puno que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley nº 32171, algunos con más de 15 años de servicio. El abogado indicó que las decisiones del Consejo Universitario no solo perjudican a los docentes de 2023, sino también a los de 2024, quienes podrían verse afectados al no cumplir con los nuevos requisitos impuestos.
